Acción Pauliana: el arma secreta de los acreedores en tiempos de crisis
6 de mayo de 2025
Cuando una empresa entra en crisis, cada decisión que se toma con respecto al patrimonio puede tener implicaciones legales serias. Una de las figuras más potentes —y menos conocidas— para proteger a los acreedores es la acción revocatoria, también llamada acción pauliana, en honor al jurista romano Paulo. Bajo la normatividad colombiana (Ley 1116), son conocidas como Acciones Revocatorias. Su función es evitar que el deudor perjudique el patrimonio común con maniobras previas a declararse insolvente.
Plazos de sospecha: el “retrovisor” de la ley. La legislación concursal colombiana, especialmente la Ley 1116 de 2006, establece que pueden revisarse los actos realizados hasta 18 meses antes del inicio formal del proceso de insolvencia. Este período se conoce como período de sospecha. El plazo puede ser extendido hasta 24 meses para actos que se celebren de manera gratuita; en el caso de modificaciones estatutarias voluntarias, el plazo aplicable es de 6 meses. Durante este tiempo, cualquier operación que haya reducido injustificadamente el patrimonio del deudor —como ventas subvaloradas, donaciones, pagos anticipados a ciertos acreedores o transferencias a familiares— puede ser cuestionada y anulada.
Esto se hace para evitar que el deudor “limpie el camino” antes de presentarse en reorganización o liquidación, dejando a los acreedores con las manos vacías.
¿Qué busca proteger la acción pauliana o revocatoria?. La acción pauliana busca preservar la igualdad entre acreedores. Si una empresa, sabiendo que está al borde de la insolvencia, decide pagar a su primo antes que al banco, venderle a su socio un inmueble a mitad de precio o “regalar” activos clave a otra compañía del mismo grupo, está afectando el patrimonio al que todos los acreedores tienen derecho.
La Superintendencia de Sociedades ha reiterado que estos actos pueden ser revocados judicialmente si se demuestra que:
El acto fue perjudicial para los acreedores,
Ocurrió dentro del período de sospecha,
El tercero que recibió el beneficio sabía o debía saber de la situación de crisis del deudor.
Riesgos reales para el deudor. Realizar actos fraudulentos o preferenciales en medio de una crisis no solo puede llevar a la revocatoria de esos actos. También puede tener consecuencias adicionales:
Responsabilidad personal de administradores: cuando se demuestra dolo o abuso de la administración, los representantes legales pueden enfrentar acciones civiles y penales.
Pérdida de confianza en el proceso: los acreedores y el juez del concurso pueden adoptar posturas más severas si detectan operaciones cuestionables.
Ineficacia de pleno derecho: en algunos casos, ni siquiera se necesita una demanda. El acto se considera automáticamente ineficaz y se revierte.
Un caso real: Plásticos Vandux S.A. En 2015, la Superintendencia de Sociedades conoció un caso donde la empresa Plásticos Vandux, poco antes de ser admitida a liquidación judicial, había realizado transferencias de activos a entidades relacionadas. Estas operaciones fueron demandadas por acreedores mediante acción pauliana. El tribunal determinó que existía un perjuicio claro para los demás acreedores, y revocó dichos actos, restituyendo los bienes al patrimonio en liquidación.
Este caso se volvió emblemático por mostrar cómo la justicia concursal puede actuar para evitar el vaciamiento patrimonial en perjuicio de terceros.
Conclusión: Transparencia, asesoría y cautela. En una crisis financiera, no todo se vale. Si bien el instinto puede empujar a “salvar lo que se pueda”, la legislación concursal castiga duramente los movimientos irregulares. La acción revocatoria es un instrumento poderoso para asegurar que la reorganización o liquidación se haga en condiciones de equidad y transparencia.
Para los deudores, la mejor protección no es ocultar activos, sino actuar con asesoría profesional, documentar bien cada decisión y evitar operaciones que puedan interpretarse como desleales. Porque lo que hoy parece una movida estratégica, mañana puede ser anulado con fuerza de ley.
Diego Orozco | Associate Partner | Concordia Investments
